Don Nicola Bruno Corradi, 82 anni, dell'Istituto Provolo, fuggito da Verona dopo denunce di abusi
L'istituto di Luján dove sarebbero avvenuti gli abusi
I nostri collaboratori in Argentina ci informano che nella mattinata di ieri, 27 novembre 2016 le autorità di Luján (Provincia di Buenos Aires), coordinate dal Procuratore Fabricio Sidoti, hanno arrestato due sacerdoti, della locale filiale dell’Istituto per sordomuti Antonio Provolo di Verona, l’italiano don Nicola Bruno Corradi (82 anni) e don Horacio Corvaro (55 anni). Con loro anche un laico dipendente dell’istituto che sarebbe stato costretto a commettere abusi. Le vittime sarebbero tra 10 e 12.
L’arcivescovo di Mendoza, “indignato per gli eventi” avvenuti nella sede di Luján, ha dichiarato di aver informato i vertici dell’Istituto per l’inizio del procedimento canonico.
Don Corradi figura in una lista di 27 tra sacerdoti e fratelli laici dell’istituto veronese accusati da decine di vittime veronesi. Don Corradi fu fatto espatriare nella comunità di La Plata, dove tuttora dimorano altri sacerdoti italiani.
Secondo lo SNAP, associazione che tutela le vittime di abusi sessuali, don Corradi poté espatriare dopo aver comprato il silenzio di alcune vittime.
In qualità di legale di una vittima ipoudente degli abusi dei sacerdoti degli istituti veronesi, protestiamo la nostra indignazione per aver permesso a questi religiosi di avvicinare altri minori in condizioni di particolare fragilità, contando sulla prescrizione delle accuse. Ciò nonostante alcuni di questi religiosi abbiano ufficialmente ammesso gli abusi.
Ci domandiamo come abbia potuto Papa Francesco, ex arcivescovo di Buenos Aires, non prendere provvedimenti contro i sacerdoti trasferiti a due passi dalla sua sede episcopale. Ci domandiamo dove è la Misericordia giubilata in questo Anno Santo, dove è finita l’attenzione per le vittime più volte annunciata e mai da noi, vittime e loro legali, mai constatata.
Avv. Sergio Cavaliere
www.mdzol.com/opinion/706401-el-cas...ampaign=botonesEl caso Provolo: Abusadores for export
El abogado especializado en derecho canónico y abusos en la Iglesia puso en foco el caso de Luján de Cuyo para MDZ:
28 de Noviembre de 2016 | 08:196 opiniones
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El caso Provolo: Abusadores for export
Carlos Lombardi
Nueva denuncia por abusos sexuales de sacerdotes católicos. Esta vez, en el Instituto Antonio Próvolo, sede Mendoza, dedicado a niños con discapacidad auditiva y trastornos del lenguaje.
La denuncia radicada en la justicia penal mendocina refleja cómo el oscurantismo y el sistema de encubrimiento de violaciones - pergeñado por la jerarquía eclesiástica -, continua más vigente que nunca.
Los antecedentes en la materia de este Instituto tienen larga data. En 2009 alrededor de 70 personas denunciaron haber sido abusadas y violadas en la sede ubicada en Verona, Italia. Las víctimas - personas mayores y sordomudas - informaron que los hechos ocurrieron entre 1950 y 1984.
En las cartas que enviaron a las autoridades eclesiásticas, pudo leerse: "En la sala establecida como confesionario de la iglesia de Santa María del Pianto del Instituto Provolo algunos sacerdotes aprovechaban para hacerse masturbar y tocar a la vez por niñas sordas (la puerta estaba en esos momentos siempre cerrada)".
"Las relaciones sodomitas tenían lugar en el dormitorio, en las habitaciones de los sacerdotes y en los baños" (1).
Los campamentos de verano también eran ámbitos propicios para la lascivia clerical. Un método similar al que aplicaba en la ciudad de La Plata Héctor Giménez, un cura delincuente encubierto desde hace 20 años por el obispo Héctor Aguer.
También denunciaron que el obispo responsable de los ocultamientos y facilitador de violaciones - Giuseppe Carraro - había fallecido y estaba en proceso de beatificación, dato que pinta de cuerpo entero a los eternos carniceros de la humanidad.
"Me llevaron al palacio episcopal y me dejaron a solas con él [Obispo Carraro...]. Era 1959. Yo tenía 11 años. Me sodomizó e intentó otros juegos sexuales. Fue una experiencia terrible" (2).
Descubiertos, los abusadores emprendieron su huida hacia A. Latina. A nuestro país vinieron algunos, a las ciudades de La Plata y Mendoza. Fue la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico la agrupación que recibió el primer pedido de información por abogados italianos y suministró la que poseía.
La historia de las víctimas del Instituto Próvolo tuvo su réplica en Wisconsin, EE.UU. Pero en este caso se trató de un solo violador: el cura Lawrence Murphy, responsable de unos 200 abusos en la misma cantidad de niños sordos. La regla de oro de la mafia eclesiástica indica que todo cura abusador tiene uno o varios jerarcas encubridores. A este le tocó Joseph Ratzinger y Tarcisio Bertone. Si bien el primero ordenó una investigación interna, no se llegó a sanción alguna sino a su suspensión (3).
La investigación canónica: para violarte mejor
Es un dato comprobado por los Comités de la ONU que monitorean la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que las normas jurídicas que la Iglesia Católica aplica a los casos de abuso sexual es la columna vertebral donde engarza todo el sistema de encubrimiento del clero abusador.
Sistema organizado - premeditadamente - que tiene efectos demoledores para las víctimas ya que protege a las sotanas violadoras, consolida la denegación de justicia y perpetúa el abuso de poder.
Este nuevo genocidio - con copyright eclesiástico - se desarrolla en dos planos. El primero, tiene que ver con un patrón o modelo de conducta institucional que ha sido sistematizado por un investigador español, y que lo ha calificado de decálogo: "1) Averiguación discreta de los hechos; 2) Inicio de acciones disuasorias con el agresor y la víctima; 3) encubrimiento del agresor y los hechos antes de que afloren; 4) toma de medidas para reforzar el ocultamiento, 5) negación de los hechos cuando se hacen públicos; 6) defensa pública del agresor sexual y atribución de méritos; 7) descalificación pública de la víctima y de su entorno; 8) atribución paranoide de las acusaciones a campañas orquestadas por "enemigos de la iglesia"; 9) posibilidad de negociación con la víctima; 10) protección del abusador sexual" (4).
Aquel plano, se complementa con otro, que tiene que ver con lo procedimental. La investigación canónica (c. 1717), una especie de procedimiento administrativo previo a la iniciación de un juicio contra el acusado. Un esperpento jurídico contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
Un obispo puede amonestar al abusador por encontrarse en ocasión próxima de delinquir, o sobre el cual, después de realizar una investigación, recae grave sospecha de que ha cometido un delito (c. 1339 § 1).
El propio Código de Derecho Canónico obliga al obispo a amonestar al menos una vez al cura violador para que cese en su accionar contumaz, dándole un tiempo prudencial para la enmienda (c. 1347).
Sigue el procedimiento delictivo con el canon 1341, símbolo de la impunidad interna: "Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo".
Dicho de otro modo. Luego de decenas de abusos, el cura pudo haber recibido un retito, una palmadita en la espalda, una jaculatoria ñoña, una reprimenda, un regañito de parte del obispo y.... ¡¡¡ a seguir violando!!!! La pantomima continúa, todo queda bajo el secreto pontificio (c. 1339 § 3).
Ahora bien, ¿cuándo comienza el procedimiento administrativo propiamente dicho? Lo establece el canon 1718 § 1.: "Cuando se estime que ya se han reunido elementos suficientes, determine el Ordinario: 1. si puede ponerse en marcha el proceso para infligir o declarar una pena; 2. si conviene hacerlo así, teniendo presente el c. 1341; 3. si debe utilizarse el proceso judicial o, cuando la ley no lo prohíbe, se ha de proceder por decreto extrajudicial".
La práctica en los tribunales eclesiásticos es categórica respecto a la ausencia de garantías procesales, o de defensa en juicio para las víctimas. Pueden consultarse las "Líneas-guía de actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de edad (o personas a ellos equiparados)", elaboradas por la C.E.A, para corroborar lo expuesto. Un monumento a la ilegalidad.
Responsabilidad del Arzobispado de Mendoza
El caso en cuestión tiene un responsable directo. La máxima autoridad católica romana con domicilio en la Ciudad de Mendoza.
A los hechos consumados y patrones ilícitos mencionados se suma una práctica tan ridícula como mendaz: los comunicados de ese organismo simulando dolor, tristeza, indignación, consternación, y cuanto sentimiento sea necesario para fingir.
Cualquiera sea la naturaleza de la persona jurídica ligada a la iglesia católica donde se constaten abusos sexuales del clero (Prelatura, Parroquia, Congregación, etc.), los comunicados estarán presentes. Como han estado en todos los casos que tomaron estado público. El último fue el de las monjas Carmelitas sometidas a vejaciones en Nogoyá.
Sin perjuicio de ello, el arzobispado pretende deslindar su responsabilidad informando en el comunicado que el Instituto Próvolo es de derecho pontificio, es decir, constituido por la Santa Sede, o aprobado por ella mediante decreto formal una vez constituido por el obispo. Excusa perfecta para lavarse las manos.
Mientras que aludir al "debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados", es una falsedad que no resiste el menor análisis.
La ausencia de garantías para las víctimas, la hipocresía institucional y su actitud cínica demuestran a las claras que el sistema de encubrimiento de predadores sexuales seguirá por mucho tiempo más.
Carlos Lombardi
Asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.
